A 36 años del Golpe de Estado de 1976 convocamos
a
participar de la Marcha que se realizará de Congreso a Plaza de Mayo
La
LSR iniciará su actividad en común con CORREPI, en la Plaza Lorea
LA
CITA ES A LAS 14.30 en Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña
Allí difundiremos, lo más ampliamente posible, los textos
que siguen. Para seguir batallando contra la impunidad del pasado y del
presente, y para propagandizar el punto de vista de la LSR: TE
ESPERAMOS
1976 - 24 de MARZO - 2012
LA
MISMA CLASE CAPITALISTA EXPLOTADORA QUE PREPARÓ EL GOLPE E
INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR, SIGUE EN EL PODER.
LA
MISMA IGLESIA
QUE BENDIJO EL GENOCIDIO
SIGUE
FORMANDO PARTE DEL ESTADO.
AYER 3.000ASESINADOS POR LAS 3A 4 30.000 DESAPARECIDOS
HOY: Julio LÓPEZ y Luciano ARRUGA siguen
desaparecidos.
Más de 600 mujeres están secuestradas por redes de trata
de personas.
Más de 3.000 jóvenes asesinados desde 1983 por “gatillo
fácil” y torturas en comisarías.
AYER Y HOY:
·
Se garantiza la impunidad
para Cavallo, las grandes empresas y los banqueros que vaciaron el país.
·
Sigue la impunidad de los
responsables de derrumbes edilicios, o masacres como Cromañón y el FFCC
Sarmiento, o crímenes como el del trabajador del Subte D.
·
Vuelven los ajustes.
·
Se persigue, se
encarcela, se procesa y se extradita a los trabajadores que luchan, se aplica
el Proyecto X y la “ley antiterrorista”...
·
Se reclama por Malvinas,
pero se sigue fiel a los dictados de EEUU, la UE y el FMI.
La
lucha por los DDHH es una tarea PRESENTE
anticapitalista,
antimperialista y por el socialismo
Declaración
de la LSR para este 24 de marzo:
1976 - 24 de MARZO - 2012
La misma clase capitalista explotadora
que preparó el golpe
e instaló la dictadura militar
sigue
en el poder
3.000 ASESINDOS POR LAS 3A 4 30.000 DESAPARECIDOS
“…Yo
espero que en estos cuatro años de mi mandato… hayamos dado vuelta
definitivamente esta página trágica de nuestra historia.” (Cristina
Fernández, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1 de marzo de
2011)
El
deseo expresado por la Presidenta no se hará realidad, no sólo por el engorroso
laberinto procesal de los juicios con los que se aspira a terminar de
recomponer la imagen y la moral de las Fuerzas Armadas para fortalecer su papel
en la represión interna. Las heridas abiertas por el genocidio siguen abiertas
y sangrando, porque se originan en profundas raíces de índole política y
social.
Suele escucharse que la justicia “llegó tarde” cuando algunos ancianos
represores mueren sin ser procesados. Pero Amalia de Fortabat, emblema del
empresariado nacional que orquestó el genocidio, también acaba de morir en paz
y con honores, y recién unos días después de su muerte la Justicia ordenó
investigar al directorio de la empresa Loma Negra, por su rol en la
desaparición de los obreros de la fábrica. Lo mismo parece estar esperando “la
Noble Ernestina Herrera”.
Desde el Gobierno se ha puesto de moda
hablar de “golpe cívico-militar” pretendiendo contentar a los críticos,
explicando que ciertos individuos del empresariado también fueron “cómplices”.
Pero de la misma manera que no fueron unos loquitos sueltos los militares que
dieron el golpe, tampoco fueron sólo algunos civiles aislados los que apostaron
al golpe: fue la gran burguesía en su conjunto.
Lo que diferencia a las patronales, de los
milicos es que ellas siguen teniendo el poder en sus manos y nunca se puso en
discusión el carácter genocida de su dominio de clase. De aquí emana la
impunidad del genocidio.
El golpe y la dictadura fueron la respuesta
de la clase explotadora que necesitaba transformar la economía del país, para
lo cual debía aplastar a la clase obrera que no cesaba de luchar (rosariazo,
cordobazos, tucumanazo, rodrigazo…) aun pese a la brutal represión desatada
desde el retorno mismo de Perón, con la masacre de Ezeiza en junio de 1973, con
la Triple A desde comienzos de 1974 y con los crímenes y las delaciones de la
burocracia sindical.
Ese
carácter de clase del golpe y el genocidio queda desdibujado detrás de la
confusa definición de “cívico-militar”, como si se tratara de individuos y no
de clases sociales e instituciones del Estado, que jamás han sido puestas en el
banquillo de los acusados.
Mientras logre conservar el poder, la
burguesía, como clase, sale indemne. Cuando la lucha popular lo impone, las
fichas que pierden son las de abajo: sus funcionarios, sus gobiernos, y hasta
la forma de los regímenes políticos: dictaduras o democracias.
Hasta no llegar al hueso y terminar con este
retrógrado sistema de explotación y todo su Estado –incluida su Justicia– no
habrá manera de empezar a cerrar tamaña herida abierta que ya atraviesa a
varias generaciones.
¿Quiénes dieron el golpe e instalaron la dictadura?
En
agosto de 1975, las grandes cámaras patronales formaron Apege (Asamblea
Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). La integraron la Bolsa de
Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires (Carbap) y la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo
Empresario Argentino (CEA, presidido por Martínez de Hoz e integrado por
Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio&Zorroaquín, Pescarmona,
Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar,
Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc), las Cámaras de la Construcción, de Comercio,
de los Bancos, de las Grandes Tiendas, de Supermercados, y sectores escindidos
de la Confederación General Económica (CGE)... no faltaba nadie.
El principal contacto con la Marina era el
almirante Emilio Massera, que ya en junio de 1975 había organizado un agasajo
que reunió, entre otros, a los ministros de Interior y de Defensa, al
presidente de la Suprema Corte, al vicepresidente del Senado y al secretario
general de la Presidencia de Isabel Martínez de Perón, la primera presidenta
mujer del país, que terminó presa junto a un alto número de dirigentes
políticos y sindicales civiles.
También en agosto de 1975, Videla (jefe del
Estado Mayor Conjunto) desplazó al “legalista” general Numa Laplane como
comandante en Jefe del Ejército.
El 18 diciembre de 1975 el brigadier
Capellini encabezó un golpe en la Fuerza Aérea que, aunque fallido, dejó como
resultado la asunción de Agosti, con lo cual las tres fuerzas quedaron en manos
de oficiales golpistas. Y el 24 de diciembre, Videla lanzó un ultimátum donde conminó
a la dirigencia política a restablecer el orden del país en un plazo de 90
días, o ellos tomarían las riendas del poder en sus manos.
El 16 de febrero de 1976, Apege organizó un
lock out patronal que se cumplió exitosamente en todo el país, dando la señal
de “piedra libre” para el golpe militar, que se dio exactamente a los 90 días
anunciados por Videla.
Las Fuerzas Armadas, el “partido militar”
–como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina–
asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran
burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos civiles
–el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de derrotar a la clase obrera
(objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la dictadura cerca de
200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los mayores exponentes
de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de los principales
ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga lista).
Aun
en el caso de que hoy se juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una
gran empresa nacional o extranjera –que siga vivo–, los intereses y las
transformaciones antiobreras y antipopulares por los que se dio el golpe,
siguen intactos.
Así lo demuestran, entre muchas otras cosas,
la entrega de 900.000 hectáreas de tierras a Benetton en desmedro de los
mapuches y otras comunidades –que son brutalmente reprimidas, al igual que los
pueblos que se oponen a los contratos para la megaminería depredadora–, el
“Proyecto X” de espionaje a los activistas, la “ley antiterrorista” con sus
sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy, y la reaccionaria
conciliación obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a
partir de 1976…
Genocidio, impunidad e inseguridad
Los
militares cayeron, pero el camino iniciado para adecuar a la Argentina a las
necesidades del capitalismo internacional, quedó abierto y se profundizó en los
años posteriores, en particular en la década de los 90. Y fue continuado
durante el gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) hasta diciembre del 2001, que
dejó un saldo de 38 muertos, extendió las concesiones para la explotación de
gas y petróleo en Loma La Lata hasta el 2027 y facilitó la fuga de 10.000
millones de dólares una semana antes del “corralito”.
Todos esos crímenes –económicos y sociales–
quedaron al amparo del gobierno de los Kirchner: los bancos que consumaron la
estafa fueron subsidiados; Cavallo no está acusado de nada, pese al vaciamiento
que realizó durante la dictadura y que reiteró en el 2001; De la Rúa está
sobreseído de todas las causas; ni Menem ni Duhalde están presos pese a ser,
entre muchas otras cosas, los artífices de la explosión de Río Tercero y de la
masacre de Avellaneda; y las concesiones que De la Rúa extendió por decreto
hasta el 2027, fueron prorrogadas hasta el 2047 por Néstor Kirchner… Y pese a
que se reclama por Malvinas y se proclama que “la Argentina no participará en ninguna guerra”, siguen las tropas argentinas en Haití y se
sigue siendo fiel a los dictados de EEUU, la UE y el FMI, más allá de los
obvios roces derivados de la crisis económica internacional.
Es decir, pese al descomunal crecimiento
económico de los últimos años y a cierta recuperación salarial –hoy amenazada
por la inflación y los aumentos de tarifas–, la sociedad actual es el resultado de todo un proceso de
descomposición, que se abonó con sangre, pérdida de conquistas y desocupación.
A diferencia de “los años de plomo”, hoy se
combate la potencial rebeldía juvenil por otros medios. Por un lado, se golpeó
a la población empujándola masivamente a la marginalidad mediante la
desocupación; y luego se inventó el paco (no es una droga tradicional, sino un
veneno artificial) como arma letal para los pobladores marginados en los
barrios periféricos, con lo cual se está invisibilizando un verdadero
exterminio de jóvenes pobres, de magnitudes que no están contempladas en
ninguna estadística. Por otro lado, los informes anuales de Correpi dan cuenta
de que más de 3.000 jóvenes han sido asesinados por el “gatillo fácil” o por
torturas seguidas de muerte entre 1983 y 2011 (uno cada 28 horas). Y más de 600
mujeres están desaparecidas a manos de redes de trata de personas (como mano de
obra esclava, para el negocio de la prostitución o la industria textil).
Todo esto conforma un cuadro de verdadera
inseguridad para la abrumadora mayoría de la población trabajadora y de los
barrios pobres. Para no extendernos en una larga enumeración que incluye hechos
como el de Cromañón, el último dramático ejemplo, es el de la masacre de Once,
donde 700 personas resultaron heridas y
51 murieron por el simple “delito” de haber tomado el tren para ir a trabajar.
Si lográramos juzgar y condenar a todos y
cada uno de los responsables de todos los asesinatos cometidos por el aparato
de Estado y las patronales, aunque se amnistiara a todos los presos por delitos
menores que hoy pueblan las cárceles, ni así alcanzarían los 26.000 lugares que
quedarían vacantes. Entonces sí tendrían que construir más cárceles, como
proponen tantos funcionarios… claro que jamás lo harían, ya que serían para
encerrarse a sí mismos.
“No están, ni muertos ni vivos. Están desaparecidos”
Esta
macabra frase de Videla encierra el otro nudo de la cuestión. La desaparición
de personas, jugó un papel de primer orden para la conciencia. A contramano de
la “lógica” de toda lucha de clases, la figura del desaparecido negó al
luchador vivo, pero también al muerto, y con ello se anticipó y se previno de
la posible reacción democrática de la población, y también de la “reivindicación
de los mártires”, aquellos que suelen servir como causa de la reorganización,
el espíritu y el temple de lucha. Pero nadie puede descansar tranquilo si se le
niega el derecho a conocer el destino de sus seres queridos. Y la figura del desaparecido se lo niega.
El Estado deberá dar cuenta de ello a
decenas de miles de personas que desfilan cada 24 de marzo, para lo cual deberá
tocar intereses mucho más importantes que el de algunos cientos de militares
condenados y algún que otro civil. La Iglesia Católica –milenaria experta en
bendecir genocidios, y guardiana celosa de los archivos del proceso militar– es
uno de los principales factores de poder que nunca se tocan en la Argentina.
La existencia de los desaparecidos genera, a
la vez, un problema de identidad en el
conjunto de la sociedad. No se limita sólo a los más de 400 nietos
apropiados que todavía no se han hallado. Pasados más de 30 años, es de suponer
que éstos, a su vez, también han sido padres. De esta manera, la cuestión de la
identidad se seguirá extendiendo a las generaciones futuras, por lo cual es un
problema social sin salida hasta tanto no se logre saber toda la verdad.
Lamentablemente, hasta hoy, tampoco los juicios han servido para aportar ni un
solo dato que esclarezca el paradero de algún desaparecido.
¿Por qué peleamos?
El
periodista Mariano Grondona, ante el desplante de un integrante de HIJOS que se
negó a darle la mano tras una entrevista hace más de diez años, reflexionó al
cierre de su programa que los militares no contaron con que “los muertos o desaparecidos han dejado sus
semillas, las que hoy sudaban odio y venganza”.
Por el contrario, todo el accionar de los
familiares de desaparecidos y de quienes venimos luchando desde hace 36 años –y
quienes sin dudas lo seguirán haciendo–, indica que no nos ha movido ni nos
mueve ni nos moverá un afán de venganza personal.
Nos
moviliza la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia,
pilares imprescindibles para construir una sociedad libre, fraterna y
solidaria.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
4
Aparición de Julio López y Luciano Arruga 3
4
Basta de persecución política, judicial y extrajudicial a los militantes
sindicales y políticos 4 Basta de represión, tortura y muerte en los barrios populares,
comisarías y penales.
4
No a la Ley Antiterrorista 4 No al Proyecto X
4
No a los negocios depredadores del medio ambiente
4
No a los ajustes tarifarios
4
Desmantelamiento de las redes de trata de personas y del narcotráfico, que
crecen al amparo de la mafia policial-judicial
Basta de impunidad del Estado
genocida de los explotadores, sus gobiernos y los burócratas a su servicio
Que se vayan
todos, que no quede ni uno solo. Para que se vayan: hay que echarlos
Año tras año y día tras
día: CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
La vigencia
de los Derechos Humanos en América Latina es una pelea PRESENTE
anticapitalista, antimperialista y por el socialismo
