Por LUIS ZAMORA (Integrante de
Autodeterminación y Libertad)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012
Es enorme y riquísimo
el debate abierto alrededor de la decisión de expropiar el 51 % de Repsol-YPF
por parte del gobierno nacional. Fue anunciado como un acto trascendente de defensa
de la soberanía nacional. Sin
embargo como lo reconoció la presidenta –y los primeros pasos dados por el
ministro De Vido lo reafirman– es una decisión que expropia a Repsol pero
mantiene como socios, entre otros, al grupo Petersen, a la banca Lazard, a
Goldman Sachs, se anuncia la próxima asociación de YPF con otras empresas
multinacionales en la exploración y explotación de yacimientos
hidrocarburíferos, mantiene la mayoría de la industria petrolera y gasífera en
manos de los grandes grupos económicos transnacionales o locales en las que
está hoy, o agregará a empresas chinas, prevé pagar por su expropiación a una
empresa como Repsol que debería devolverle al país lo que saqueó y lo más grave
es que esta decisión gubernamental está al servicio de satisfacer las
necesidades energéticas de una economía cada vez más extranjerizada y
concentrada. Es decir, trata de garantizar la actividad y las
ganancias de las megamineras, petroleras, automotrices, pooles de siembra,
agronegocios, metalúrgicas, siderúrgicas, de servicios, que son
mayoritariamente propiedad de un poder económico extranjerizado y concentrado y
que demandan al Gobierno que les asegure la energía que necesitan para poder
seguir teniendo las formidables ganancias obtenidas en estos años.
El gobierno que avaló
el vaciamiento de las reservas energéticas y luego trató de reemplazarlas con
la importación, ya no tiene dólares para pagar deuda externa, garantizar
remesas de ganancias empresariales al exterior, permitir fugas de divisas,
pagar insumos y además importar energía. Algo debe restringir para no afectar
pagos, remesas y fugas.
Es esta crisis del
sector externo por falta de dólares sumada a la depredación energética la que
empujó esta decisión. Es por ello que ni el
FMI, ni el grupo de los 20 (Página/12,
21/4/12), ni Obama y EE.UU., ni ningún sector del poder económico mundial ha
adoptado represalias serias, ya que en realidad se preparan a participar en los
nuevos negocios que la expropiación de Repsol les ofrece, y a disputárselos.
Ya están en tratativas
públicas con el gobierno la TOTAL francesa, las norteamericanas ESSO y Chevron,
es decir los más fuertes pulpos petroleros. Se explica también por ello que las
grandes empresas que operan en Argentina hayan apoyado en silencio, y hasta Biolcatti
de la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace sojera hayan dado su respaldo público
ante la decisión del Gobierno. La propia Repsol ya ha anunciado que está
abierta a discutir con el gobierno argentino “amistosamente” y la Unión Europea
ahora hace hincapié en que se pague “lo que corresponde” (Página/12, 24/4/12).
Por ello, no vemos esta
medida como un paso hacia la defensa de decisiones más soberanas. La economía se extranjerizó y concentró aún más en los
últimos años –de las 500 firmas más grandes, las extranjeras concentran
alrededor del 75% del valor agregado, de las utilidades y las exportaciones (Miradas al Sur, 20/11/11). Y han aumentado las remesas que giran al
exterior que pasaron de representar 633 millones de dólares en 2003 a 7159
millones en 2010 (Miradas al Sur,
14/8/11), monto que se superó el año pasado. A ello deben agregarse los más de US$ 70.000
millones que fugaron en ese período (es bastante
mayor; ver A. Zaiat, Página/12,
8/8/10 y 2/11/11). No vemos entonces que esta medida abra la posibilidad
de decisiones independientes en la materia y marque una ruptura en ese proceso
extranjerizante. Al contrario tiende a sostenerlo.
Como lo venimos
planteando desde hace décadas, la industria petrolera y gasífera debe ser en su
totalidad de propiedad pública, autónoma de los gobiernos y administrada por
los trabajadores de las empresas, sus geólogos e ingenieros y controlada por
los usuarios y el pueblo en general. Ello descarta, en nuestra opinión, la propiedad y la
intervención de las empresas privadas –sean transnacionales o de capital local–
en cualquiera de los procesos de exploración, explotación, transporte,
refinería y comercialización, así como debe descartarse dejar la gestión en
manos del gobierno, de la que la administración debe ser completamente
autónoma.
Estatizar no es
sinónimo de propiedad del pueblo ni de decisiones independientes, como lo demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras
son íntegramente estatales y son países que siguen las directivas
norteamericanas.
En Argentina, estatizar
es sinónimo de que la maneje y controle un De Vido, no el pueblo.
Si fuera el
pueblo, seguramente no apostaría, por ejemplo, como lo hace el Gobierno, a
explotar el llamado gas no convencional, cuya explotación ha sido prohibida
preventivamente en Francia y suspendida temporalmente en Sudáfrica y en algunas
zonas de Alemania, Suiza, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia por
sus graves efectos contaminantes (ver, entre otros, Di Risio, Observatorio Petrolero Sur, www.oilwatchsudamerica.org).
La privatización
menemista de YPF, mantenida en líneas generales por el actual gobierno,
posibilitó el saqueo generalizado y contaminante de esos bienes comunes,
provocó el vaciamiento y la crisis energética que explota en estos meses (las
reservas bajaron de 20 años en los 90, a 8 años en el 2009), la necesidad de
gastar miles de millones de dólares en importar combustible y gas. Según datos
del Indec (Rebelión, 4/4/12), el balance fue negativo en casi US$ 3.000
millones el año pasado. [Y según el discurso de Cristina Fernández, en el acto
donde anunció el proyecto de ley de expropiación de YPF-Repsol], las ganancias
fueron de US$ 16.450 millones desde 1999, y lo remesado al exterior fue de
US$ 13.246 millones. Todo esto exige, además de la propiedad pública, una
investigación de una comisión independiente sobre la actividad de Repsol y de
las demás empresas multinacionales que operan en el área, para cobrarles todo
el vaciamiento y la grave contaminación perpetrada en perjuicio del país y del
pueblo, así como sobre la responsabilidad de este gobierno, sus funcionarios, y
la de los anteriores, en las actitudes cómplices con esta depredación.
Soberanía es que el
pueblo sea el que decida.
Lograrlo
será resultado de que se pelee por ello.(Reproducido de: www.ayl.org.ar )
