A 38 años del 24 de Marzo de 1976
Sigue la lucha por la Memoria, 
la Verdad y la Justicia
NO OLVIDAMOS, 
NO PERDONAMOS, 
NO NOS RECONCILIAMOS
El lunes 24 marchamos a Plaza de Mayo. 
A las 15.30 en Av. de Mayo y Sgo. del Estero
Incluso habiendo genocidas condenados por violación a los derechos humanos,  la política del Gobierno en este rubro empieza a tener olor a pasado. No sólo dejó de ser el eje de sus discursos –remitiéndose las causas a una mera cuestión administrativa–, sino que pretenden terminar de “dar vuelta una página trágica de nuestra historia”, como dijo la presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2012. Lejos de dar vuelta la página, nos abre otras, que hablan de la impunidad para los verdaderos jefes del golpe y de las violaciones de los derechos humanos, antes y hoy: las grandes empresas monopólicas nacionales y multinacionales.

¿Quiénes dieron el golpe e instalaron
la dictadura?
En agosto de 1975, las grandes cámaras patronales formaron Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). La integraron Aciel ( Acción Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Bs. As.), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Empresario Argentino (presidido por Martínez de Hoz e integrado por Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorroaquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc), las cámaras de la Construcción, la de Comercio, la de las Grandes Tiendas, las de Bancos, la de Supermercados y sectores escindidos de la Confederación General Económica (CGE)... no faltaba nadie.
El principal contacto con la Marina era el almirante Emilio Massera, que ya en junio de 1975 había organizado un agasajo que reunió, entre otros, a los ministros de Interior y de Defensa; al presidente de la Suprema Corte, al vicepresidente del Senado y al secretario general de la Presidencia de la Nación.
También en agosto de 1975, Videla (jefe del Estado Mayor Conjunto) desplaza al “legalista” general Numa Laplane como comandante en Jefe del Ejército.
El 18 diciembre de 1975 el brigadier Capellini encabeza un golpe en la Fuerza Aérea que, aunque fracasa, deja como resultado la asunción de Agosti, con lo cual las tres fuerzas quedan en manos de oficiales golpistas. Y el 24 de diciembre Videla lanza un ultimátum donde conmina a la clase política a restablecer el orden del país en un plazo de 90 días, o ellos tomarían las riendas del poder en sus manos.
El 16 de febrero de 1976, Apege organiza un lock out patronal que se cumple exitosamente en todo el país, dando la señal de “piedra libre” para el golpe militar, que se da exactamente a los 90 días anunciados por Videla: el 24 de marzo de 1976.
Las Fuerzas Armadas, el “partido militar” –como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina– asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos tradicionales –el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de doblegar a la clase obrera (objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la dictadura cerca de 200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los mayores exponentes de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de los principales ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga lista). Desde su lugar, la Iglesia Católica jugó un papel de primer orden que ayudó a consumar el genocidio: extraía información y entregaba personas a los “grupos de tareas”, interrogaba junto a los verdugos de la tortura, bendecía el asesinato y confesaba a los asesinos, desde el último de los torturadores hasta el general Videla.

La continuidad económica
y las violaciones a los derechos humanos hoy
Aun en el caso de que hoy se juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una gran empresa nacional o extranjera, o a algún sacerdote –que sigan vivos–, los intereses y las transformaciones antiobreras y antipopulares por los que se dio el golpe, siguen intactos.
Así lo demuestran –entre muchas otras cosas– la entrega de 900.000 hectáreas de tierras a Benetton en desmedro de los mapuches y otras comunidades; la explotación extranjera de la megaminería depredadora; la extracción irresponsable de gas mediante fracking, a riesgo de causar explosiones en localidades como Allen, según denuncia la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua; la tortura seguida de muerte en comisarías, contra los jóvenes pobres, como política de Estado; los miles de luchadores populares procesados; el “Proyecto X” de espionaje a los activistas; la “ley antiterrorista” con sus sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy; la condena a perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras –con causas armadas y confesiones obtenidas mediante torturas en el interrogatorio–; la reaccionaria conciliación obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a partir de 1976; la supresión “de hecho” del derecho de huelga, al descontarse los días caídos a los docentes que luchan por su salario y en defensa de la educación; el acto de terrorismo de Estado, nunca esclarecido, cometido contra la Amia bajo el gobierno constitucional de 1994; la explosión impune de Río Tercero; las desapariciones de Andrés Núñez y Miguel Bru, de Luciano Arruga, entre otros. Y, lo más emblemático, la desaparición nunca esclarecida de un testigo clave en el inicio de los juicios: Jorge Julio López, desaparecido desde septiembre de 2006.
Como se expresó en Paraguay y en Honduras, como lo demuestra el intento golpista permanente en Venezuela y las asonadas policíacas en Ecuador, y en diciembre de 2013 en la Argentina, los golpes de Estado en América Latina ni son “suaves”, ni “parte del pasado”. Es que mientras subsista en el poder –político, económico y militar– la clase  capitalista que dio el golpe, nuestra sociedad nunca podrá enterrar un pasado que, cada vez más, se nos vuelve presente y futuro.

Absolución de los petroleros de Las Heras.
Libertad a los presos políticos.
Desprocesamiento de los luchadores populares.
SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS DOCENTES.
NO A LA EXTRADICIÓN DE OSWALDO QUISPE.
Repudio al ataque fascista a la Vivienda de Mariani-Teruggi.
No a la minería depredadora y al fracking que destruye el medio ambiente.
Urbanización de las villas: NO A LOS DESALOJOS.
CONTRA LAS ASONADAS E INTENTONAS GOLPISTAS EN TODA AMÉRICA LATINA
BASTA DE IMPUNIDAD DE LOS EXPLOTADORES Y SUS SOCIOS.
La lucha por los Derechos Humanos es una pelea PRESENTE:
anticapitalista, antimperialista y por el socialismo.

A 38 años del golpe del 24 de marzo
A 90 meses 
de su desaparición:











JULIO LÓPEZ

¿DÓNDE

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