Ante una economía extranjerizada y concentrada como la Argentina la expropiación parcial de YPF–Repsol ¿marca una ruptura o tiende a sostenerla?


Por LUIS ZAMORA (Integrante de Autodeterminación y Libertad)
Buenos Aires, 24 de abril de 2012

Es enorme y riquísimo el debate abierto alrededor de la decisión de expropiar el 51 % de Repsol-YPF por parte del gobierno nacional. Fue anunciado como un acto trascendente de defensa de la soberanía nacional. Sin embargo como lo reconoció la presidenta –y los primeros pasos dados por el ministro De Vido lo reafirman– es una decisión que expropia a Repsol pero mantiene como socios, entre otros, al grupo Petersen, a la banca Lazard, a Goldman Sachs, se anuncia la próxima asociación de YPF con otras empresas multinacionales en la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, mantiene la mayoría de la industria petrolera y gasífera en manos de los grandes grupos económicos transnacionales o locales en las que está hoy, o agregará a empresas chinas, prevé pagar por su expropiación a una empresa como Repsol que debería devolverle al país lo que saqueó y lo más grave es que esta decisión gubernamental está al servicio de satisfacer las necesidades energéticas de una economía cada vez más extranjerizada y concentrada. Es decir, trata de garantizar la actividad y las ganancias de las megamineras, petroleras, automotrices, pooles de siembra, agronegocios, metalúrgicas, siderúrgicas, de servicios, que son mayoritariamente propiedad de un poder económico extranjerizado y concentrado y que demandan al Gobierno que les asegure la energía que necesitan para poder seguir teniendo las formidables ganancias obtenidas en estos años.
El gobierno que avaló el vaciamiento de las reservas energéticas y luego trató de reemplazarlas con la importación, ya no tiene dólares para pagar deuda externa, garantizar remesas de ganancias empresariales al exterior, permitir fugas de divisas, pagar insumos y además importar energía. Algo debe restringir para no afectar pagos, remesas y fugas. 
Es esta crisis del sector externo por falta de dólares sumada a la depredación energética la que empujó esta decisión. Es por ello que ni el FMI, ni el grupo de los 20 (Página/12, 21/4/12), ni Obama y EE.UU., ni ningún sector del poder económico mundial ha adoptado represalias serias, ya que en realidad se preparan a participar en los nuevos negocios que la expropiación de Repsol les ofrece, y a disputárselos.
Ya están en tratativas públicas con el gobierno la TOTAL francesa, las norteamericanas ESSO y Chevron, es decir los más fuertes pulpos petroleros. Se explica también por ello que las grandes empresas que operan en Argentina hayan apoyado en silencio, y hasta Biolcatti de la Sociedad Rural y la Mesa de Enlace sojera hayan dado su respaldo público ante la decisión del Gobierno. La propia Repsol ya ha anunciado que está abierta a discutir con el gobierno argentino “amistosamente” y la Unión Europea ahora hace hincapié en que se pague “lo que corresponde” (Página/12, 24/4/12). 
Por ello, no vemos esta medida como un paso hacia la defensa de decisiones más soberanas. La economía se extranjerizó y concentró aún más en los últimos años –de las 500 firmas más grandes, las extranjeras concentran alrededor del 75% del valor agregado, de las utilidades y las exportaciones (Miradas al Sur, 20/11/11). Y han aumentado las remesas que giran al exterior que pasaron de representar 633 millones de dólares en 2003 a 7159 millones en 2010 (Miradas al Sur, 14/8/11), monto que se superó el año pasado. A ello deben agregarse los más de US$ 70.000 millones que fugaron en ese período (es bastante mayor; ver A. Zaiat, Página/12, 8/8/10 y 2/11/11). No vemos entonces que esta medida abra la posibilidad de decisiones independientes en la materia y marque una ruptura en ese proceso extranjerizante. Al contrario tiende a sostenerlo.
Como lo venimos planteando desde hace décadas, la industria petrolera y gasífera debe ser en su totalidad de propiedad pública, autónoma de los gobiernos y administrada por los trabajadores de las empresas, sus geólogos e ingenieros y controlada por los usuarios y el pueblo en general. Ello descarta, en nuestra opinión, la propiedad y la intervención de las empresas privadas –sean transnacionales o de capital local– en cualquiera de los procesos de exploración, explotación, transporte, refinería y comercialización, así como debe descartarse dejar la gestión en manos del gobierno, de la que la administración debe ser completamente autónoma.
Estatizar no es sinónimo de propiedad del pueblo ni de decisiones independientes, como lo demuestran México o Arabia Saudita, donde las petroleras son íntegramente estatales y son países que siguen las directivas norteamericanas.
En Argentina, estatizar es sinónimo de que la maneje y controle un De Vido, no el pueblo.
Si fuera el pueblo, seguramente no apostaría, por ejemplo, como lo hace el Gobierno, a explotar el llamado gas no convencional, cuya explotación ha sido prohibida preventivamente en Francia y suspendida temporalmente en Sudáfrica y en algunas zonas de Alemania, Suiza, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y Australia por sus graves efectos contaminantes (ver, entre otros, Di Risio, Observatorio Petrolero Sur, www.oilwatchsudamerica.org).
La privatización menemista de YPF, mantenida en líneas generales por el actual gobierno, posibilitó el saqueo generalizado y contaminante de esos bienes comunes, provocó el vaciamiento y la crisis energética que explota en estos meses (las reservas bajaron de 20 años en los 90, a 8 años en el 2009), la necesidad de gastar miles de millones de dólares en importar combustible y gas. Según datos del Indec (Rebelión, 4/4/12), el balance fue negativo en casi US$ 3.000 millones el año pasado. [Y según el discurso de Cristina Fernández, en el acto donde anunció el proyecto de ley de expropiación de YPF-Repsol], las ganancias fueron de US$ 16.450 millones desde 1999, y lo remesado al exterior fue de US$ 13.246 millones. Todo esto exige, además de la propiedad pública, una investigación de una comisión independiente sobre la actividad de Repsol y de las demás empresas multinacionales que operan en el área, para cobrarles todo el vaciamiento y la grave contaminación perpetrada en perjuicio del país y del pueblo, así como sobre la responsabilidad de este gobierno, sus funcionarios, y la de los anteriores, en las actitudes cómplices con esta depredación.
Soberanía es que el pueblo sea el que decida.
Lograrlo será resultado de que se pelee por ello.


(Reproducido de: www.ayl.org.ar )