A 38 años del 24 de Marzo de 1976
Sigue la lucha por la Memoria,
la Verdad y la Justicia
la Verdad y la Justicia
NO OLVIDAMOS,
NO PERDONAMOS,
NO NOS RECONCILIAMOS
NO PERDONAMOS,
NO NOS RECONCILIAMOS
El lunes 24 marchamos a Plaza de Mayo.
A las 15.30 en Av. de Mayo y Sgo. del Estero
A las 15.30 en Av. de Mayo y Sgo. del Estero
Incluso habiendo
genocidas condenados por violación a los derechos humanos, la política del Gobierno en este rubro
empieza a tener olor a pasado. No sólo dejó de ser el eje de sus discursos
–remitiéndose las causas a una mera cuestión administrativa–, sino que
pretenden terminar de “dar vuelta una página trágica de nuestra historia”, como
dijo la presidenta en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1º de marzo
de 2012. Lejos de dar vuelta la página, nos abre otras, que hablan de la
impunidad para los verdaderos jefes del golpe y de las violaciones de los
derechos humanos, antes y hoy: las grandes empresas monopólicas nacionales y
multinacionales.
¿Quiénes dieron
el golpe e instalaron
la dictadura?
En agosto de 1975,
las grandes cámaras patronales formaron Apege (Asamblea Permanente de Entidades
Gremiales Empresarias). La integraron Aciel ( Acción Coordinadora de
Instituciones Empresarias Libres), la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural
Argentina, la Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Bs. As.), la
Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Empresario Argentino (presidido
por Martínez de Hoz e integrado por Techint, Acindar, Macri, Fortabat,
Garovaglio y Zorroaquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor,
Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc),
las cámaras de la Construcción, la de Comercio, la de las Grandes Tiendas, las
de Bancos, la de Supermercados y sectores escindidos de la Confederación
General Económica (CGE)... no faltaba nadie.
El
principal contacto con la Marina era el almirante Emilio Massera, que ya en
junio de 1975 había organizado un agasajo que reunió, entre otros, a los
ministros de Interior y de Defensa; al presidente de la Suprema Corte, al
vicepresidente del Senado y al secretario general de la Presidencia de la
Nación.
También
en agosto de 1975, Videla (jefe del Estado Mayor Conjunto) desplaza al
“legalista” general Numa Laplane como comandante en Jefe del Ejército.
El
18 diciembre de 1975 el brigadier Capellini encabeza un golpe en la Fuerza
Aérea que, aunque fracasa, deja como resultado la asunción de Agosti, con lo
cual las tres fuerzas quedan en manos de oficiales golpistas. Y el 24 de
diciembre Videla lanza un ultimátum donde conmina a la clase política a
restablecer el orden del país en un plazo de 90 días, o ellos tomarían las
riendas del poder en sus manos.
El
16 de febrero de 1976, Apege organiza un lock out patronal que se cumple
exitosamente en todo el país, dando la señal de “piedra libre” para el golpe
militar, que se da exactamente a los 90 días anunciados por Videla: el 24 de
marzo de 1976.
Las
Fuerzas Armadas, el “partido militar” –como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina–
asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran
burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos
tradicionales –el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de doblegar a la
clase obrera (objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la
dictadura cerca de 200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los
mayores exponentes de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de
los principales ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga
lista). Desde su lugar, la Iglesia Católica jugó un papel de primer orden que
ayudó a consumar el genocidio: extraía información y entregaba personas a los
“grupos de tareas”, interrogaba junto a los verdugos de la tortura, bendecía el
asesinato y confesaba a los asesinos, desde el último de los torturadores hasta
el general Videla.
La continuidad
económica
y las
violaciones a los derechos humanos hoy
Aun en el caso de
que hoy se juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una gran empresa
nacional o extranjera, o a algún sacerdote –que sigan vivos–, los intereses y
las transformaciones antiobreras y antipopulares por los que se dio el golpe,
siguen intactos.
Así
lo demuestran –entre muchas otras cosas– la entrega de 900.000 hectáreas de
tierras a Benetton en desmedro de los mapuches y otras comunidades; la
explotación extranjera de la megaminería depredadora; la extracción
irresponsable de gas mediante fracking, a riesgo de causar explosiones en
localidades como Allen, según denuncia la Asamblea Permanente del Comahue por
el Agua; la tortura seguida de muerte en comisarías, contra los jóvenes pobres,
como política de Estado; los miles de luchadores populares procesados; el
“Proyecto X” de espionaje a los activistas; la “ley antiterrorista” con sus
sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy; la condena a perpetua a los
trabajadores petroleros de Las Heras –con causas armadas y confesiones
obtenidas mediante torturas en el interrogatorio–; la reaccionaria conciliación
obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a partir de 1976; la
supresión “de hecho” del derecho de huelga, al descontarse los días caídos a
los docentes que luchan por su salario y en defensa de la educación; el acto de
terrorismo de Estado, nunca esclarecido, cometido contra la Amia bajo el
gobierno constitucional de 1994; la explosión impune de Río Tercero; las
desapariciones de Andrés Núñez y Miguel Bru, de Luciano Arruga, entre otros. Y,
lo más emblemático, la desaparición nunca esclarecida de un testigo clave en el
inicio de los juicios: Jorge Julio López, desaparecido desde septiembre de
2006.
Como
se expresó en Paraguay y en Honduras, como lo demuestra el intento golpista
permanente en Venezuela y las asonadas policíacas en Ecuador, y en diciembre de
2013 en la Argentina, los golpes de Estado en América Latina ni son “suaves”,
ni “parte del pasado”. Es que mientras
subsista en el poder –político,
económico y militar– la clase capitalista que dio el golpe, nuestra
sociedad nunca podrá enterrar un pasado que, cada vez más, se nos vuelve
presente y futuro.
Absolución de los petroleros de Las Heras.
Libertad
a los presos políticos.
Desprocesamiento
de los luchadores populares.
SOLIDARIDAD CON
LA LUCHA DE LOS DOCENTES.
NO A LA EXTRADICIÓN DE OSWALDO QUISPE.
Repudio al ataque fascista a la Vivienda de Mariani-Teruggi.
No
a la minería depredadora y al fracking que destruye el medio ambiente.
Urbanización
de las villas: NO A LOS DESALOJOS.
CONTRA
LAS ASONADAS E INTENTONAS GOLPISTAS EN TODA AMÉRICA LATINA
BASTA DE
IMPUNIDAD DE LOS EXPLOTADORES Y SUS SOCIOS.
La lucha por
los Derechos Humanos es una pelea PRESENTE:
anticapitalista,
antimperialista y por el socialismo.
A 38 años del golpe del 24 de marzo
A 90 meses
de su desaparición:
de su desaparición:
JULIO
LÓPEZ
¿DÓNDE
ESTÁ?
ESTÁ?
