DOMINGO 24 de MARZO
MARCHA DE CONGRESO A
PLAZA DE MAYO
1 9 7 6 - 2 0 1 3
LA
MISMA CLASE CAPITALISTA
QUE PREPARÓ EL GOLPE
E INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR, SIGUE EN EL PODER.
LA MISMA IGLESIA QUE BENDIJO EL GENOCIDIO
SIGUE FORMANDO PARTE DEL
ESTADO.
AYER 4 MÁS DE 3.000 ASESINADOS
POR LAS 3A
4 30.000 DESAPARECIDOS
4 30.000 DESAPARECIDOS
HOY: Julio LÓPEZ y Luciano ARRUGA siguen desaparecidos. Y
ninguno de los juicios ha servido para localizar a un desaparecido, o recuperar
un nieto. Más de 600 mujeres están secuestradas por redes de trata de personas.
Más de 3.800 jóvenes han sido asesinados desde 1983 por “gatillo fácil” y
torturas en comisarías.
AYER Y HOY: Se garantiza la impunidad para Cavallo, las grandes
empresas y los banqueros que vaciaron el país. Sigue la impunidad de los
responsables de derrumbes edilicios, o masacres como Cromañón y el FFCC Sarmiento...
Vuelven los ajustes. Se persigue, se encarcela, se procesa y se extradita a los
trabajadores que luchan, se aplica el Proyecto X y las “leyes antiterroristas”...
Se reclama por Malvinas, pero se sigue fiel a los dictados de la UE, el FMI y Estados
Unidos, como lo demuestra el reciente Memorándum sobre la causa Amia.
La lucha por los Derechos
Humanos
es una tarea PRESENTE
anticapitalista, antimperialista y por el socialismo
Encontranos en Av. de Mayo y Sgo. del Estero a las 16 horas.
Declaración de
la LSR para este 24 de marzo:
1976 - 24 DE MARZO - 2013
LA MISMA CLASE CAPITALISTA EXPLOTADORA
QUE PREPARÓ EL GOLPE
E INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR
SIGUE EN EL PODER
LA MISMA IGLESIA
QUE BENDIJO EL GENOCIDIO
SIGUE FORMANDO PARTE DEL ESTADO argentino
4 3.000
ASESINADOS POR LAS 3A
4 30.000
DESAPARECIDOS
“…Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato…
hayamos dado vuelta definitivamente esta página trágica de nuestra historia.” (Cristina
Fernández, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1 de marzo de
2011)
El deseo expresado por la Presidenta dos años atrás no
se hizo ni se hará realidad. No sólo por el engorroso laberinto procesal de los
juicios con los que se aspira a terminar de recomponer la imagen y la moral de
las Fuerzas Armadas para fortalecer su papel en la represión interna. Las
heridas abiertas por el genocidio siguen abiertas y sangrando, porque se
originan en profundas raíces de índole política y social.
Suele escucharse que la
justicia “llegó tarde” cuando algunos ancianos represores mueren sin ser
procesados. Pero Amalia de Fortabat, emblema del empresariado nacional que
orquestó el genocidio, también murió “en paz y con honores”, y recién unos días
después de su muerte la Justicia ordenó investigar al directorio de la empresa
Loma Negra, por su rol en la desaparición de los obreros de la fábrica. Lo
mismo parece estar esperando “la Noble Ernestina Herrera”. Y Martínez de Hoz
acaba de morir cumpliendo su cómoda prisión domiciliaria.
Desde el Gobierno se ha puesto de
moda hablar de “golpe cívico-militar” pretendiendo contentar a los críticos,
explicando que ciertos individuos del empresariado también fueron “cómplices”.
Pero de la misma manera que no fueron unos loquitos sueltos los militares que
dieron el golpe, tampoco fueron sólo
algunos civiles aislados los que apostaron al golpe: fue la gran burguesía en
su conjunto.
Lo que diferencia a las patronales,
de los milicos, es que ellas siguen teniendo el poder en sus manos y nunca se
puso en discusión el carácter genocida de su dominio de clase. De aquí emana la impunidad del genocidio.
El golpe y la dictadura fueron la
respuesta de la clase explotadora que necesitaba transformar la economía del
país, para lo cual debía aplastar a la clase obrera que no cesaba de luchar
(rosariazo, cordobazos, tucumanazo, rodrigazo…) aun pese a la brutal represión
desatada desde el retorno mismo de Perón, con la masacre de Ezeiza en junio de
1973, con la Triple A desde comienzos de 1974 y con los crímenes y las
delaciones de la burocracia sindical.
Ese carácter de clase del golpe y
el genocidio queda desdibujado detrás de la confusa definición de
“cívico-militar”, como si se tratara de individuos y no de clases sociales e
instituciones del Estado, que jamás han sido puestas en el banquillo de los
acusados.
Mientras logre conservar el poder,
la burguesía, como clase, sale indemne. Cuando la lucha popular lo impone, las
fichas que pierden son las de abajo: sus funcionarios, sus gobiernos, y hasta
la forma de los regímenes políticos: dictaduras o democracias.
Hasta no llegar al hueso y terminar
con este retrógrado sistema de explotación y todo su Estado –incluida su
Justicia– no habrá manera de empezar a cerrar tamaña herida abierta que ya
atraviesa a varias generaciones.
¿Quiénes dieron
el golpe e instalaron la dictadura?
En agosto de 1975, las grandes cámaras patronales
formaron Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). La
integraron la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap) y la Unión Industrial
Argentina (UIA), el Consejo Empresario Argentino (CEA, presidido por Martínez
de Hoz e integrado por Techint, Acindar, Macri, Fortabat,
Garovaglio&Zorroaquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor,
Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc),
las Cámaras de la Construcción, de Comercio, de los Bancos, de las Grandes
Tiendas, de Supermercados, y sectores escindidos de la Confederación General
Económica (CGE)... no faltaba nadie.
El principal contacto con la Marina
era el almirante Emilio Massera, que ya en junio de 1975 había organizado un
agasajo que reunió, entre otros, a los ministros de Interior y de Defensa, al
presidente de la Suprema Corte, al vicepresidente del Senado y al secretario
general de la Presidencia de Isabel Martínez de Perón, la primera presidenta
mujer del país, que terminó presa junto a un alto número de dirigentes
políticos y sindicales civiles.
También en agosto de 1975, Jorge
Rafael Videla (jefe del Estado Mayor Conjunto) desplazó al “legalista” general Alberto
Numa Laplane como comandante en Jefe del Ejército.
El 18 diciembre de 1975, el
brigadier Orlando Cappellini encabezó un golpe en la Fuerza Aérea que, aunque
fallido, dejó como resultado la asunción del brigadier Orlando Agosti, con lo
cual las tres fuerzas quedaron en manos de oficiales golpistas. Y el 24 de
diciembre, Videla lanzó un ultimátum donde conminó a la dirigencia política a
restablecer el orden del país en un plazo de 90 días, o ellos tomarían las
riendas del poder en sus manos.
El 16 de febrero de 1976, Apege
organizó un lock out patronal que se
cumplió exitosamente en todo el país, dando la señal de “piedra libre” para el
golpe militar, que se dio exactamente a los 90 días anunciados por Videla.
Las Fuerzas Armadas, el “partido
militar” –como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina–,
asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran
burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos civiles
–el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de derrotar a la clase obrera
(objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la dictadura cerca de
200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los mayores exponentes
de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de los principales
ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga lista).
Aun en el caso de que hoy se
juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una gran empresa nacional o
extranjera –que siga vivo–, los intereses y las transformaciones antiobreras y
antipopulares por los que se dio el golpe, siguen intactos.
Así lo demuestran, entre muchas
otras cosas, la entrega de 900.000 hectáreas de tierras a Benetton en desmedro
de los mapuches y otras comunidades –que son brutalmente reprimidas, al igual
que los pueblos que se oponen a los contratos para la megaminería depredadora–,
el “Proyecto X” de espionaje a los activistas, la “ley antiterrorista” con sus ocho
sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy, y la reaccionaria
conciliación obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a
partir de 1976…
Genocidio,
impunidad e inseguridad
Los militares cayeron, pero el camino iniciado para
adecuar a la Argentina a las necesidades del capitalismo internacional, quedó
abierto y se profundizó en los años posteriores, en particular en la década de 1990.
Y fue continuado durante el gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) hasta
diciembre del 2001, que dejó un saldo de 38 muertos, extendió las concesiones
para la explotación de gas y petróleo en Loma La Lata hasta el 2027 y facilitó
la fuga de US$ 10.000 millones una semana antes del “corralito”.
Todos esos crímenes –económicos y
sociales– quedaron al amparo de los gobiernos Kirchner: los bancos que
consumaron la estafa fueron subsidiados; Cavallo no está acusado de nada, pese
al vaciamiento que realizó durante la dictadura y que reiteró en el 2001; De la
Rúa está sobreseído de todas las causas; ni Menem ni Duhalde están presos pese
a ser, entre muchas otras cosas, los artífices de la explosión de Río Tercero y
de la masacre de Avellaneda; no se sabe todavía cuál será la sentencia para
Menem, después de la reciente condena por el contrabando de armas a Croacia y
Ecuador; el general Balza, jefe del Estado Mayor 1992-1999, ni siquiera es
cuestionado, sino que sigue siendo un embajador destacado del Gobierno, ahora
en Costa Rica, después de ser embajador en Colombia del 2003 al 2011; las
concesiones que De la Rúa extendió por decreto hasta el 2027, fueron
prorrogadas hasta el 2047 por Néstor Kirchner… Y pese a que se reclama por
Malvinas y se proclama que “la Argentina no participará en ninguna
guerra”, siguen las tropas argentinas en Haití y se sigue siendo
fiel a los dictados de Estados Unidos, la Unión Europea y el FMI, más allá de
los obvios roces derivados de la crisis económica internacional. La última
prueba del sometimiento de Cristina Fernández a la política exterior
estadounidense es la reciente firma del Memorándum Argentina-Irán, que es otra
vuelta de tuerca para consagrar la impunidad en la causa Amia.
Pese al descomunal crecimiento
económico de los últimos años y a cierta recuperación salarial –hoy amenazada
por la inflación y los aumentos de tarifas–, la sociedad actual es el
resultado de todo un proceso de descomposición, que se abonó con sangre,
pérdida de conquistas y desocupación.
A diferencia de “los años de
plomo”, hoy se combate la potencial rebeldía juvenil por otros medios. Por un
lado, se golpeó a la población empujándola masivamente a la marginalidad
mediante la desocupación; y luego se inventó el paco (no es una droga tradicional,
sino un veneno artificial) como arma letal para los pobladores marginados en
los barrios periféricos, con lo cual se está invisibilizando un verdadero
exterminio de jóvenes pobres, de magnitudes que no están contempladas en
ninguna estadística. Los informes anuales de Correpi dan cuenta de que más de
3.800 jóvenes han sido asesinados por el “gatillo fácil” o por torturas
seguidas de muerte entre 1983 y 2012 (uno cada 24 horas). Y más de 600 mujeres
están desaparecidas a manos de redes de trata de personas (como mano de obra
esclava, para el negocio de la prostitución o la industria textil). La reciente
absolución de todos los procesados en la causa por la desaparición de Marita
Verón es una lápida puesta sobre los cuerpos de todas esas mujeres.
Todo esto conforma un cuadro de
verdadera inseguridad para la abrumadora mayoría de la población trabajadora y
de los barrios pobres.
Si lográramos juzgar y condenar a
todos y cada uno de los responsables de todos los asesinatos cometidos por el
aparato de Estado y las patronales, aunque se amnistiara a todos los presos por
delitos menores que hoy pueblan las cárceles, ni así alcanzarían los 26.000
lugares que quedarían vacantes. Entonces sí tendrían que construir más
cárceles, como proponen tantos funcionarios… claro que jamás lo harían, ya que
serían para encerrarse a sí mismos.
“No están, ni
muertos ni vivos. Están desaparecidos”
Esta macabra frase de Videla –que hoy llama a otro
golpe de Estado desde la prisión de Marcos Paz– encierra el otro nudo de la
cuestión. La desaparición de personas jugó un papel de primer orden para la
conciencia. A contramano de la “lógica” de toda lucha de clases, la figura del
desaparecido negó al luchador vivo, pero también al muerto, y con ello se
anticipó y se previno de la posible reacción democrática de la población, y
también de la “reivindicación de los mártires”, aquellos que suelen servir como
causa de la reorganización, el espíritu y el temple de lucha. Pero nadie puede
descansar tranquilo si se le niega el derecho a conocer el destino de sus seres
queridos. Y la figura del desaparecido niega ese derecho.
El Estado deberá dar cuenta de ello
a decenas de miles de personas que desfilan cada 24 de marzo, para lo cual habrá
que tocar intereses mucho más importantes que el de algunos cientos de
militares condenados y algún que otro civil. La Iglesia Católica –milenaria
experta en bendecir genocidios, y guardiana celosa de los archivos del proceso
militar– es uno de los principales factores de poder que nunca se tocan en la
Argentina. Pese a la actual “euforia nacional” –parecida a la que se produce en
los mundiales de fútbol– por la designación de un papa argentino, es
inocultable el papel de la Iglesia del Vaticano durante la última dictadura,
más allá de qué papel desempeñara Bergoglio en aquellos años (seguro no estuvo
entre los valientes curas y obispos que enfrentaron a la dictadura, por lo cual
muchos de ellos lo pagaron con sus vidas): fueron encubridores, cómplices y
coautores de todos los crímenes de la dictadura genocida. Esa es la Iglesia que
hoy encabeza el argentino Bergoglio, autodenominado Francisco I.
La existencia de los desaparecidos
genera, a la vez, un problema de identidad en el conjunto de la
sociedad. No se limita sólo a los más de 400 nietos apropiados que todavía
no se han hallado. Pasados más de 30 años, es de suponer que éstos, a su vez,
también han sido padres. De esta manera, la cuestión de la identidad se seguirá
extendiendo a las generaciones futuras, por lo cual es un problema social sin
salida hasta tanto no se logre saber toda la verdad. Lamentablemente, hasta
hoy, tampoco los juicios han servido para aportar ni un solo dato que
esclarezca el paradero de algún desaparecido, ni tampoco de un solo niño nacido
en cautiverio: los hallados hasta ahora, han sido producto de la actividad de
Abuelas.
¿Por qué
peleamos?
Todo el accionar de los familiares de desaparecidos y
de quienes venimos luchando desde hace 37 años –y quienes sin dudas lo seguirán
haciendo– indica que no nos ha movido ni nos mueve ni nos moverá un afán de
venganza personal.
Nos moviliza la lucha por la
Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares
imprescindibles para construir una sociedad libre, fraterna y solidaria.
NO OLVIDAMOS, NO
PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS
4 Aparición de JULIO LÓPEZ y LUCIANO ARRUGA 3
4 Justicia para SILVIA SUPPO, testigo clave en los
juicios, asesinada en 2010 3
4 Basta de persecución política, judicial y
extrajudicial a los militantes sindicales y políticos 4 Basta de represión, tortura y muerte en los barrios populares,
comisarías y penales 3
4 No a la Ley Antiterrorista 4 No al Proyecto X 3
4 No a los negocios depredadores del medio
ambiente 3
4 No a los ajustes tarifarios 3
4 Desmantelamiento de las redes de trata de
personas y del narcotráfico, que crecen al amparo de la mafia policial-judicial 3
4 Separación de la Iglesia y el Estado 3
4 Que se abran los archivos secretos: de los Servicios de Inteligencia del Estado y los del Vaticano 3
4 Que se abran los archivos secretos: de los Servicios de Inteligencia del Estado y los del Vaticano 3
Basta de
impunidad del Estado genocida de los explotadores, sus gobiernos y los
burócratas a su servicio
QUE
SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO. Para que se vayan: HAY QUE ECHARLOS
Año tras año y día tras día: CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA
La lucha por los Derechos Humanos en América Latina es una tarea PRESENTE
anticapitalista, antimperialista y por el socialismo
