DOMINGO 24 de MARZO

MARCHA DE CONGRESO A PLAZA DE MAYO

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LA MISMA CLASE CAPITALISTA QUE PREPARÓ EL GOLPE

E INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR, SIGUE EN EL PODER.

LA MISMA IGLESIA QUE BENDIJO EL GENOCIDIO

SIGUE FORMANDO PARTE DEL ESTADO.

AYER 4 MÁS DE 3.000 ASESINADOS POR LAS 3A 
            4 30.000 DESAPARECIDOS

HOY: Julio LÓPEZ y Luciano ARRUGA siguen desaparecidos. Y ninguno de los juicios ha servido para localizar a un desaparecido, o recuperar un nieto. Más de 600 mujeres están secuestradas por redes de trata de personas. Más de 3.800 jóvenes han sido asesinados desde 1983 por “gatillo fácil” y torturas en comisarías.

AYER Y HOY: Se garantiza la impunidad para Cavallo, las grandes empresas y los banqueros que vaciaron el país. Sigue la impunidad de los responsables de derrumbes edilicios, o masacres como Cromañón y el FFCC Sarmiento... Vuelven los ajustes. Se persigue, se encarcela, se procesa y se extradita a los trabajadores que luchan, se aplica el Proyecto X y las “leyes antiterroristas”... Se reclama por Malvinas, pero se sigue fiel a los dictados de la UE, el FMI y Estados Unidos, como lo demuestra el reciente Memorándum sobre la causa Amia.

La lucha por los Derechos Humanos

es una tarea PRESENTE

anticapitalista, antimperialista y por el socialismo

Encontranos en Av. de Mayo y Sgo. del Estero a las 16 horas.

Declaración de la LSR para este 24 de marzo:

1976 - 24 DE MARZO - 2013

LA MISMA CLASE CAPITALISTA EXPLOTADORA

QUE PREPARÓ EL GOLPE

E INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR

SIGUE EN EL PODER

LA MISMA IGLESIA

QUE BENDIJO EL GENOCIDIO

SIGUE FORMANDO PARTE DEL ESTADO argentino

4 3.000 ASESINADOS POR LAS 3A 

4 30.000 DESAPARECIDOS

“…Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato… hayamos dado vuelta definitivamente esta página trágica de nuestra historia.” (Cristina Fernández, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1 de marzo de 2011)

El deseo expresado por la Presidenta dos años atrás no se hizo ni se hará realidad. No sólo por el engorroso laberinto procesal de los juicios con los que se aspira a terminar de recomponer la imagen y la moral de las Fuerzas Armadas para fortalecer su papel en la represión interna. Las heridas abiertas por el genocidio siguen abiertas y sangrando, porque se originan en profundas raíces de índole política y social.

    Suele escucharse que la justicia  “llegó tarde” cuando algunos ancianos represores mueren sin ser procesados. Pero Amalia de Fortabat, emblema del empresariado nacional que orquestó el genocidio, también murió “en paz y con honores”, y recién unos días después de su muerte la Justicia ordenó investigar al directorio de la empresa Loma Negra, por su rol en la desaparición de los obreros de la fábrica. Lo mismo parece estar esperando “la Noble Ernestina Herrera”. Y Martínez de Hoz acaba de morir cumpliendo su cómoda prisión domiciliaria.

    Desde el Gobierno se ha puesto de moda hablar de “golpe cívico-militar” pretendiendo contentar a los críticos, explicando que ciertos individuos del empresariado también fueron “cómplices”. Pero de la misma manera que no fueron unos loquitos sueltos los militares que dieron el golpe, tampoco fueron sólo algunos civiles aislados los que apostaron al golpe: fue la gran burguesía en su conjunto.

    Lo que diferencia a las patronales, de los milicos, es que ellas siguen teniendo el poder en sus manos y nunca se puso en discusión el carácter genocida de su dominio de clase. De aquí emana la impunidad del genocidio.

    El golpe y la dictadura fueron la respuesta de la clase explotadora que necesitaba transformar la economía del país, para lo cual debía aplastar a la clase obrera que no cesaba de luchar (rosariazo, cordobazos, tucumanazo, rodrigazo…) aun pese a la brutal represión desatada desde el retorno mismo de Perón, con la masacre de Ezeiza en junio de 1973, con la Triple A desde comienzos de 1974 y con los crímenes y las delaciones de la burocracia sindical.

    Ese carácter de clase del golpe y el genocidio queda desdibujado detrás de la confusa definición de “cívico-militar”, como si se tratara de individuos y no de clases sociales e instituciones del Estado, que jamás han sido puestas en el banquillo de los acusados.

    Mientras logre conservar el poder, la burguesía, como clase, sale indemne. Cuando la lucha popular lo impone, las fichas que pierden son las de abajo: sus funcionarios, sus gobiernos, y hasta la forma de los regímenes políticos: dictaduras o democracias.

    Hasta no llegar al hueso y terminar con este retrógrado sistema de explotación y todo su Estado –incluida su Justicia– no habrá manera de empezar a cerrar tamaña herida abierta que ya atraviesa a varias generaciones.

¿Quiénes dieron el golpe e instalaron la dictadura?

En agosto de 1975, las grandes cámaras patronales formaron Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). La integraron la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap) y la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Empresario Argentino (CEA, presidido por Martínez de Hoz e integrado por Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio&Zorroaquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc), las Cámaras de la Construcción, de Comercio, de los Bancos, de las Grandes Tiendas, de Supermercados, y sectores escindidos de la Confederación General Económica (CGE)... no faltaba nadie.

    El principal contacto con la Marina era el almirante Emilio Massera, que ya en junio de 1975 había organizado un agasajo que reunió, entre otros, a los ministros de Interior y de Defensa, al presidente de la Suprema Corte, al vicepresidente del Senado y al secretario general de la Presidencia de Isabel Martínez de Perón, la primera presidenta mujer del país, que terminó presa junto a un alto número de dirigentes políticos y sindicales civiles.

    También en agosto de 1975, Jorge Rafael Videla (jefe del Estado Mayor Conjunto) desplazó al “legalista” general Alberto Numa Laplane como comandante en Jefe del Ejército.

    El 18 diciembre de 1975, el brigadier Orlando Cappellini encabezó un golpe en la Fuerza Aérea que, aunque fallido, dejó como resultado la asunción del brigadier Orlando Agosti, con lo cual las tres fuerzas quedaron en manos de oficiales golpistas. Y el 24 de diciembre, Videla lanzó un ultimátum donde conminó a la dirigencia política a restablecer el orden del país en un plazo de 90 días, o ellos tomarían las riendas del poder en sus manos.

    El 16 de febrero de 1976, Apege organizó un lock out patronal que se cumplió exitosamente en todo el país, dando la señal de “piedra libre” para el golpe militar, que se dio exactamente a los 90 días anunciados por Videla.

    Las Fuerzas Armadas, el “partido militar” –como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina–, asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos civiles –el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de derrotar a la clase obrera (objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la dictadura cerca de 200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los mayores exponentes de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de los principales ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga lista).

    Aun en el caso de que hoy se juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una gran empresa nacional o extranjera –que siga vivo–, los intereses y las transformaciones antiobreras y antipopulares por los que se dio el golpe, siguen intactos.

    Así lo demuestran, entre muchas otras cosas, la entrega de 900.000 hectáreas de tierras a Benetton en desmedro de los mapuches y otras comunidades –que son brutalmente reprimidas, al igual que los pueblos que se oponen a los contratos para la megaminería depredadora–, el “Proyecto X” de espionaje a los activistas, la “ley antiterrorista” con sus ocho sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy, y la reaccionaria conciliación obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a partir de 1976…

Genocidio, impunidad e inseguridad

Los militares cayeron, pero el camino iniciado para adecuar a la Argentina a las necesidades del capitalismo internacional, quedó abierto y se profundizó en los años posteriores, en particular en la década de 1990. Y fue continuado durante el gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) hasta diciembre del 2001, que dejó un saldo de 38 muertos, extendió las concesiones para la explotación de gas y petróleo en Loma La Lata hasta el 2027 y facilitó la fuga de US$ 10.000 millones una semana antes del “corralito”.

    Todos esos crímenes –económicos y sociales– quedaron al amparo de los gobiernos Kirchner: los bancos que consumaron la estafa fueron subsidiados; Cavallo no está acusado de nada, pese al vaciamiento que realizó durante la dictadura y que reiteró en el 2001; De la Rúa está sobreseído de todas las causas; ni Menem ni Duhalde están presos pese a ser, entre muchas otras cosas, los artífices de la explosión de Río Tercero y de la masacre de Avellaneda; no se sabe todavía cuál será la sentencia para Menem, después de la reciente condena por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador; el general Balza, jefe del Estado Mayor 1992-1999, ni siquiera es cuestionado, sino que sigue siendo un embajador destacado del Gobierno, ahora en Costa Rica, después de ser embajador en Colombia del 2003 al 2011; las concesiones que De la Rúa extendió por decreto hasta el 2027, fueron prorrogadas hasta el 2047 por Néstor Kirchner… Y pese a que se reclama por Malvinas y se proclama que “la Argentina no participará en ninguna guerra”, siguen las tropas argentinas en Haití y se sigue siendo fiel a los dictados de Estados Unidos, la Unión Europea y el FMI, más allá de los obvios roces derivados de la crisis económica internacional. La última prueba del sometimiento de Cristina Fernández a la política exterior estadounidense es la reciente firma del Memorándum Argentina-Irán, que es otra vuelta de tuerca para consagrar la impunidad en la causa Amia.

    Pese al descomunal crecimiento económico de los últimos años y a cierta recuperación salarial –hoy amenazada por la inflación y los aumentos de tarifas–, la sociedad actual es el resultado de todo un proceso de descomposición, que se abonó con sangre, pérdida de conquistas y desocupación.

    A diferencia de “los años de plomo”, hoy se combate la potencial rebeldía juvenil por otros medios. Por un lado, se golpeó a la población empujándola masivamente a la marginalidad mediante la desocupación; y luego se inventó el paco (no es una droga tradicional, sino un veneno artificial) como arma letal para los pobladores marginados en los barrios periféricos, con lo cual se está invisibilizando un verdadero exterminio de jóvenes pobres, de magnitudes que no están contempladas en ninguna estadística. Los informes anuales de Correpi dan cuenta de que más de 3.800 jóvenes han sido asesinados por el “gatillo fácil” o por torturas seguidas de muerte entre 1983 y 2012 (uno cada 24 horas). Y más de 600 mujeres están desaparecidas a manos de redes de trata de personas (como mano de obra esclava, para el negocio de la prostitución o la industria textil). La reciente absolución de todos los procesados en la causa por la desaparición de Marita Verón es una lápida puesta sobre los cuerpos de todas esas mujeres.

    Todo esto conforma un cuadro de verdadera inseguridad para la abrumadora mayoría de la población trabajadora y de los barrios pobres.

    Si lográramos juzgar y condenar a todos y cada uno de los responsables de todos los asesinatos cometidos por el aparato de Estado y las patronales, aunque se amnistiara a todos los presos por delitos menores que hoy pueblan las cárceles, ni así alcanzarían los 26.000 lugares que quedarían vacantes. Entonces sí tendrían que construir más cárceles, como proponen tantos funcionarios… claro que jamás lo harían, ya que serían para encerrarse a sí mismos.

“No están, ni muertos ni vivos. Están desaparecidos”

Esta macabra frase de Videla –que hoy llama a otro golpe de Estado desde la prisión de Marcos Paz– encierra el otro nudo de la cuestión. La desaparición de personas jugó un papel de primer orden para la conciencia. A contramano de la “lógica” de toda lucha de clases, la figura del desaparecido negó al luchador vivo, pero también al muerto, y con ello se anticipó y se previno de la posible reacción democrática de la población, y también de la “reivindicación de los mártires”, aquellos que suelen servir como causa de la reorganización, el espíritu y el temple de lucha. Pero nadie puede descansar tranquilo si se le niega el derecho a conocer el destino de sus seres queridos. Y la figura del desaparecido niega ese derecho.

    El Estado deberá dar cuenta de ello a decenas de miles de personas que desfilan cada 24 de marzo, para lo cual habrá que tocar intereses mucho más importantes que el de algunos cientos de militares condenados y algún que otro civil. La Iglesia Católica –milenaria experta en bendecir genocidios, y guardiana celosa de los archivos del proceso militar– es uno de los principales factores de poder que nunca se tocan en la Argentina. Pese a la actual “euforia nacional” –parecida a la que se produce en los mundiales de fútbol– por la designación de un papa argentino, es inocultable el papel de la Iglesia del Vaticano durante la última dictadura, más allá de qué papel desempeñara Bergoglio en aquellos años (seguro no estuvo entre los valientes curas y obispos que enfrentaron a la dictadura, por lo cual muchos de ellos lo pagaron con sus vidas): fueron encubridores, cómplices y coautores de todos los crímenes de la dictadura genocida. Esa es la Iglesia que hoy encabeza el argentino Bergoglio, autodenominado Francisco I.

    La existencia de los desaparecidos genera, a la vez, un problema de identidad en el conjunto de la sociedad. No se limita sólo a los más de 400 nietos apropiados que todavía no se han hallado. Pasados más de 30 años, es de suponer que éstos, a su vez, también han sido padres. De esta manera, la cuestión de la identidad se seguirá extendiendo a las generaciones futuras, por lo cual es un problema social sin salida hasta tanto no se logre saber toda la verdad. Lamentablemente, hasta hoy, tampoco los juicios han servido para aportar ni un solo dato que esclarezca el paradero de algún desaparecido, ni tampoco de un solo niño nacido en cautiverio: los hallados hasta ahora, han sido producto de la actividad de Abuelas.

¿Por qué peleamos?

Todo el accionar de los familiares de desaparecidos y de quienes venimos luchando desde hace 37 años –y quienes sin dudas lo seguirán haciendo– indica que no nos ha movido ni nos mueve ni nos moverá un afán de venganza personal.

    Nos moviliza la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares imprescindibles para construir una sociedad libre, fraterna y solidaria.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

 4 Aparición de JULIO LÓPEZ y LUCIANO ARRUGA 3

4 Justicia para SILVIA SUPPO, testigo clave en los juicios, asesinada en 2010 3

4 Basta de persecución política, judicial y extrajudicial a los militantes sindicales y políticos 4 Basta de represión, tortura y muerte en los barrios populares, comisarías y penales 3

4 No a la Ley Antiterrorista 4 No al Proyecto X 3

4 No a los negocios depredadores del medio ambiente 3

4 No a los ajustes tarifarios 3

4 Desmantelamiento de las redes de trata de personas y del narcotráfico, que crecen al amparo de la mafia policial-judicial 3

4 Separación de la Iglesia y el Estado 3
4 Que se abran los archivos secretos: de los Servicios de Inteligencia del Estado y los del Vaticano 3

Basta de impunidad del Estado genocida de los explotadores, sus gobiernos y los burócratas a su servicio

QUE SE VAYAN TODOS, QUE NO QUEDE NI UNO SOLO. Para que se vayan: HAY QUE ECHARLOS

Año tras año y día tras día: CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

La lucha por los Derechos Humanos en América Latina es una tarea PRESENTE

anticapitalista, antimperialista y por el socialismo