A 36 años del Golpe de Estado de 1976 convocamos 

a participar de la Marcha que se realizará de Congreso a Plaza de Mayo

La LSR iniciará su actividad en común con CORREPI, en la Plaza Lorea

LA CITA ES A LAS 14.30 en Av. de Mayo y Luis Sáenz Peña

Allí difundiremos, lo más ampliamente posible, los textos que siguen. Para seguir batallando contra la impunidad del pasado y del presente, y para propagandizar el punto de vista de la LSR: TE ESPERAMOS

1976 - 24 de MARZO - 2012

LA MISMA CLASE CAPITALISTA EXPLOTADORA QUE PREPARÓ EL GOLPE E INSTALÓ LA DICTADURA MILITAR, SIGUE EN EL PODER. 

LA MISMA IGLESIA QUE BENDIJO EL GENOCIDIO 

SIGUE FORMANDO PARTE DEL ESTADO.

AYER 3.000ASESINADOS POR LAS 3A 4 30.000 DESAPARECIDOS

HOY: Julio LÓPEZ y Luciano ARRUGA siguen desaparecidos.

Más de 600 mujeres están secuestradas por redes de trata de personas. 

Más de 3.000 jóvenes asesinados desde 1983 por “gatillo fácil” y torturas en comisarías.

AYER Y HOY: 

·  Se garantiza la impunidad para Cavallo, las grandes empresas y los banqueros que vaciaron el país.

·  Sigue la impunidad de los responsables de derrumbes edilicios, o masacres como Cromañón y el FFCC Sarmiento, o crímenes como el del trabajador del Subte D.

·  Vuelven los ajustes.

·  Se persigue, se encarcela, se procesa y se extradita a los trabajadores que luchan, se aplica el Proyecto X y la “ley antiterrorista”...

·  Se reclama por Malvinas, pero se sigue fiel a los dictados de EEUU, la UE y el FMI.

La lucha por los DDHH es una tarea PRESENTE

anticapitalista, antimperialista y por el socialismo

Declaración de la LSR para este 24 de marzo:

1976 - 24 de MARZO - 2012

La misma clase capitalista explotadora

que preparó el golpe

e instaló la dictadura militar

sigue en el poder

3.000 ASESINDOS POR LAS 3A 4 30.000 DESAPARECIDOS

“…Yo espero que en estos cuatro años de mi mandato… hayamos dado vuelta definitivamente esta página trágica de nuestra historia.” (Cristina Fernández, en la inauguración de las sesiones del Congreso, el 1 de marzo de 2011)

El deseo expresado por la Presidenta no se hará realidad, no sólo por el engorroso laberinto procesal de los juicios con los que se aspira a terminar de recomponer la imagen y la moral de las Fuerzas Armadas para fortalecer su papel en la represión interna. Las heridas abiertas por el genocidio siguen abiertas y sangrando, porque se originan en profundas raíces de índole política y social.

    Suele escucharse que la justicia  “llegó tarde” cuando algunos ancianos represores mueren sin ser procesados. Pero Amalia de Fortabat, emblema del empresariado nacional que orquestó el genocidio, también acaba de morir en paz y con honores, y recién unos días después de su muerte la Justicia ordenó investigar al directorio de la empresa Loma Negra, por su rol en la desaparición de los obreros de la fábrica. Lo mismo parece estar esperando “la Noble Ernestina Herrera”.

    Desde el Gobierno se ha puesto de moda hablar de “golpe cívico-militar” pretendiendo contentar a los críticos, explicando que ciertos individuos del empresariado también fueron “cómplices”. Pero de la misma manera que no fueron unos loquitos sueltos los militares que dieron el golpe, tampoco fueron sólo algunos civiles aislados los que apostaron al golpe: fue la gran burguesía en su conjunto.

    Lo que diferencia a las patronales, de los milicos es que ellas siguen teniendo el poder en sus manos y nunca se puso en discusión el carácter genocida de su dominio de clase. De aquí emana la impunidad del genocidio.

    El golpe y la dictadura fueron la respuesta de la clase explotadora que necesitaba transformar la economía del país, para lo cual debía aplastar a la clase obrera que no cesaba de luchar (rosariazo, cordobazos, tucumanazo, rodrigazo…) aun pese a la brutal represión desatada desde el retorno mismo de Perón, con la masacre de Ezeiza en junio de 1973, con la Triple A desde comienzos de 1974 y con los crímenes y las delaciones de la burocracia sindical.

    Ese carácter de clase del golpe y el genocidio queda desdibujado detrás de la confusa definición de “cívico-militar”, como si se tratara de individuos y no de clases sociales e instituciones del Estado, que jamás han sido puestas en el banquillo de los acusados.

    Mientras logre conservar el poder, la burguesía, como clase, sale indemne. Cuando la lucha popular lo impone, las fichas que pierden son las de abajo: sus funcionarios, sus gobiernos, y hasta la forma de los regímenes políticos: dictaduras o democracias.

    Hasta no llegar al hueso y terminar con este retrógrado sistema de explotación y todo su Estado –incluida su Justicia– no habrá manera de empezar a cerrar tamaña herida abierta que ya atraviesa a varias generaciones.

¿Quiénes dieron el golpe e instalaron la dictadura?

En agosto de 1975, las grandes cámaras patronales formaron Apege (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias). La integraron la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural Argentina, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap) y la Unión Industrial Argentina (UIA), el Consejo Empresario Argentino (CEA, presidido por Martínez de Hoz e integrado por Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio&Zorroaquín, Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate y Pérez Companc), las Cámaras de la Construcción, de Comercio, de los Bancos, de las Grandes Tiendas, de Supermercados, y sectores escindidos de la Confederación General Económica (CGE)... no faltaba nadie.

    El principal contacto con la Marina era el almirante Emilio Massera, que ya en junio de 1975 había organizado un agasajo que reunió, entre otros, a los ministros de Interior y de Defensa, al presidente de la Suprema Corte, al vicepresidente del Senado y al secretario general de la Presidencia de Isabel Martínez de Perón, la primera presidenta mujer del país, que terminó presa junto a un alto número de dirigentes políticos y sindicales civiles.

    También en agosto de 1975, Videla (jefe del Estado Mayor Conjunto) desplazó al “legalista” general Numa Laplane como comandante en Jefe del Ejército.

    El 18 diciembre de 1975 el brigadier Capellini encabezó un golpe en la Fuerza Aérea que, aunque fallido, dejó como resultado la asunción de Agosti, con lo cual las tres fuerzas quedaron en manos de oficiales golpistas. Y el 24 de diciembre, Videla lanzó un ultimátum donde conminó a la dirigencia política a restablecer el orden del país en un plazo de 90 días, o ellos tomarían las riendas del poder en sus manos.

    El 16 de febrero de 1976, Apege organizó un lock out patronal que se cumplió exitosamente en todo el país, dando la señal de “piedra libre” para el golpe militar, que se dio exactamente a los 90 días anunciados por Videla.

    Las Fuerzas Armadas, el “partido militar” –como solía llamárseles por su peso en la historia política argentina– asaltaron el gobierno civil por expreso pedido del conjunto de la gran burguesía y del imperialismo yanqui, dado que los partidos políticos civiles –el PJ y la UCR– se habían demostrado incapaces de derrotar a la clase obrera (objetivo en el que siguieron colaborando, aportando a la dictadura cerca de 200 y más de 300 intendentes, respectivamente). Y fueron los mayores exponentes de Apege quienes tomaron en forma directa la conducción de los principales ministerios (Martínez de Hoz, Aguado, Alemann y una larga lista).

    Aun en el caso de que hoy se juzgase y condenase a algún dueño o directivo de una gran empresa nacional o extranjera –que siga vivo–, los intereses y las transformaciones antiobreras y antipopulares por los que se dio el golpe, siguen intactos.

    Así lo demuestran, entre muchas otras cosas, la entrega de 900.000 hectáreas de tierras a Benetton en desmedro de los mapuches y otras comunidades –que son brutalmente reprimidas, al igual que los pueblos que se oponen a los contratos para la megaminería depredadora–, el “Proyecto X” de espionaje a los activistas, la “ley antiterrorista” con sus sucesivas modificaciones desde el 2007 hasta hoy, y la reaccionaria conciliación obligatoria que se impone a todos los conflictos laborales a partir de 1976…

Genocidio, impunidad e inseguridad

Los militares cayeron, pero el camino iniciado para adecuar a la Argentina a las necesidades del capitalismo internacional, quedó abierto y se profundizó en los años posteriores, en particular en la década de los 90. Y fue continuado durante el gobierno de la Alianza (UCR-Frepaso) hasta diciembre del 2001, que dejó un saldo de 38 muertos, extendió las concesiones para la explotación de gas y petróleo en Loma La Lata hasta el 2027 y facilitó la fuga de 10.000 millones de dólares una semana antes del “corralito”.

    Todos esos crímenes –económicos y sociales– quedaron al amparo del gobierno de los Kirchner: los bancos que consumaron la estafa fueron subsidiados; Cavallo no está acusado de nada, pese al vaciamiento que realizó durante la dictadura y que reiteró en el 2001; De la Rúa está sobreseído de todas las causas; ni Menem ni Duhalde están presos pese a ser, entre muchas otras cosas, los artífices de la explosión de Río Tercero y de la masacre de Avellaneda; y las concesiones que De la Rúa extendió por decreto hasta el 2027, fueron prorrogadas hasta el 2047 por Néstor Kirchner… Y pese a que se reclama por Malvinas y se proclama que “la Argentina no participará en ninguna guerra”, siguen las tropas argentinas en Haití y se sigue siendo fiel a los dictados de EEUU, la UE y el FMI, más allá de los obvios roces derivados de la crisis económica internacional.

    Es decir, pese al descomunal crecimiento económico de los últimos años y a cierta recuperación salarial –hoy amenazada por la inflación y los aumentos de tarifas–, la sociedad actual es el resultado de todo un proceso de descomposición, que se abonó con sangre, pérdida de conquistas y desocupación.

    A diferencia de “los años de plomo”, hoy se combate la potencial rebeldía juvenil por otros medios. Por un lado, se golpeó a la población empujándola masivamente a la marginalidad mediante la desocupación; y luego se inventó el paco (no es una droga tradicional, sino un veneno artificial) como arma letal para los pobladores marginados en los barrios periféricos, con lo cual se está invisibilizando un verdadero exterminio de jóvenes pobres, de magnitudes que no están contempladas en ninguna estadística. Por otro lado, los informes anuales de Correpi dan cuenta de que más de 3.000 jóvenes han sido asesinados por el “gatillo fácil” o por torturas seguidas de muerte entre 1983 y 2011 (uno cada 28 horas). Y más de 600 mujeres están desaparecidas a manos de redes de trata de personas (como mano de obra esclava, para el negocio de la prostitución o la industria textil).

    Todo esto conforma un cuadro de verdadera inseguridad para la abrumadora mayoría de la población trabajadora y de los barrios pobres. Para no extendernos en una larga enumeración que incluye hechos como el de Cromañón, el último dramático ejemplo, es el de la masacre de Once, donde 700 personas resultaron heridas y 51 murieron por el simple “delito” de haber tomado el tren para ir a trabajar.

    Si lográramos juzgar y condenar a todos y cada uno de los responsables de todos los asesinatos cometidos por el aparato de Estado y las patronales, aunque se amnistiara a todos los presos por delitos menores que hoy pueblan las cárceles, ni así alcanzarían los 26.000 lugares que quedarían vacantes. Entonces sí tendrían que construir más cárceles, como proponen tantos funcionarios… claro que jamás lo harían, ya que serían para encerrarse a sí mismos.

“No están, ni muertos ni vivos. Están desaparecidos”

Esta macabra frase de Videla encierra el otro nudo de la cuestión. La desaparición de personas, jugó un papel de primer orden para la conciencia. A contramano de la “lógica” de toda lucha de clases, la figura del desaparecido negó al luchador vivo, pero también al muerto, y con ello se anticipó y se previno de la posible reacción democrática de la población, y también de la “reivindicación de los mártires”, aquellos que suelen servir como causa de la reorganización, el espíritu y el temple de lucha. Pero nadie puede descansar tranquilo si se le niega el derecho a conocer el destino de sus seres queridos. Y la figura del desaparecido se lo niega.

    El Estado deberá dar cuenta de ello a decenas de miles de personas que desfilan cada 24 de marzo, para lo cual deberá tocar intereses mucho más importantes que el de algunos cientos de militares condenados y algún que otro civil. La Iglesia Católica –milenaria experta en bendecir genocidios, y guardiana celosa de los archivos del proceso militar– es uno de los principales factores de poder que nunca se tocan en la Argentina.

    La existencia de los desaparecidos genera, a la vez, un problema de identidad en el conjunto de la sociedad. No se limita sólo a los más de 400 nietos apropiados que todavía no se han hallado. Pasados más de 30 años, es de suponer que éstos, a su vez, también han sido padres. De esta manera, la cuestión de la identidad se seguirá extendiendo a las generaciones futuras, por lo cual es un problema social sin salida hasta tanto no se logre saber toda la verdad. Lamentablemente, hasta hoy, tampoco los juicios han servido para aportar ni un solo dato que esclarezca el paradero de algún desaparecido.

¿Por qué peleamos?

El periodista Mariano Grondona, ante el desplante de un integrante de HIJOS que se negó a darle la mano tras una entrevista hace más de diez años, reflexionó al cierre de su programa que los militares no contaron con que “los muertos o desaparecidos han dejado sus semillas, las que hoy sudaban odio y venganza”.

    Por el contrario, todo el accionar de los familiares de desaparecidos y de quienes venimos luchando desde hace 36 años –y quienes sin dudas lo seguirán haciendo–, indica que no nos ha movido ni nos mueve ni nos moverá un afán de venganza personal.

    Nos moviliza la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pilares imprescindibles para construir una sociedad libre, fraterna y solidaria.

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

 4 Aparición de Julio López y Luciano Arruga 3

4 Basta de persecución política, judicial y extrajudicial a los militantes sindicales y políticos 4 Basta de represión, tortura    y muerte en los barrios populares, comisarías y penales.

4 No a la Ley Antiterrorista 4 No al Proyecto X

4 No a los negocios depredadores del medio ambiente

4 No a los ajustes tarifarios

4 Desmantelamiento de las redes de trata de personas y del narcotráfico, que crecen al amparo de la mafia policial-judicial

Basta de impunidad del Estado genocida de los explotadores, sus gobiernos y los burócratas a su servicio

Que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Para que se vayan: hay que echarlos

Año tras año y día tras día: CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA

La vigencia de los Derechos Humanos en América Latina es una pelea PRESENTE anticapitalista, antimperialista y por el socialismo